Posicionamiento H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba con respecto al Anteproyecto de Ley de Educación Provincial

Dada la importancia de una nueva de Ley de Educación Provincial, y la responsabilidad que le cabe a la Universidad Nacional de Córdoba de participar en este debate, el H. Consejo Superior, a través de este documento, da conocimiento a la opinión pública sobre su actuación y posición al respecto.
El Ministerio de Educación de la Provincia creó el Consejo Provincial de Políticas Educativas, de cuya integración participó la Universidad Nacional de Córdoba. Este Consejo estuvo integrado por representantes de organismos gubernamentales, institucionales y gremios, con intereses sectoriales en el campo de las políticas educativas. En su ámbito se analizó el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación de la Provincia para sustituir la Ley 8113 vigente en la actualidad. Nuestra universidad participó de esta instancia bajo la convicción de que es imprescindible involucrarse activamente en los espacios de discusión de las políticas públicas, sin compromisos partidarios y con una mirada constructiva, reconociendo la legitimidad de los espacios controversiales en los que se defienden intereses y perspectivas en el marco de la democracia.
El anteproyecto incorpora aspectos importantes, en concordancia con principios de la Ley Nacional, que conciben la Educación como bien público y derecho personal y social, garantizado por el Estado y realza el compromiso del Estado para asegurar, no sólo la igualdad de oportunidades, sino la de posibilidades, garantizando la oferta educativa, los recursos materiales, organizacionales y pedagógicos para la inclusión efectiva de los sujetos en todos los tramos de la escolarización obligatoria.
También incorpora aspectos relativos a la garantía de derechos, como es el caso de la estabilidad de los docentes que trabajan en escuelas de gestión privada y el respeto a los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la ley 26.061 (de Protección a la Infancia y Adolescencia). Otro aspecto a destacar lo constituye la inclusión en la formación del respeto y valoración de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios.
Sin embargo, tal como se manifestó al cierre de las deliberaciones del Consejo, era imprescindible que se realizara una amplia consulta que pudiera garantizar espacios
y tiempos adecuados de participación y un profundo debate público a lo largo de todo el proceso de análisis y sanción de la norma. La participación de la comunidad educativa y organizaciones sociales en el debate es indispensable para que la futura ley alcance una plena legitimidad social. En tal sentido, consideramos una necesidad imperiosa que se realicen los esfuerzos conducentes a completar esta tarea inconclusa.
Nuestra opinión en referencia a algunos de los aspectos más controvertidos, que justifican la ampliación del debate, es la siguiente:
Educación religiosa. Entendemos que en el marco de la educación pública la enseñanza debe ser laica. Creemos que la propuesta de otorgarle a la enseñanza religiosa un carácter opcional no garantiza el respeto a la tradición laicista de la educación pública argentina. Nuestra Constitución Provincial en su art. 62 inc. 5 dice: “Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban en la escuela estatal, educación religiosa o moral, según sus convicciones”. En este sentido está claramente expresado como un derecho de los padres, que la Ley Provincial debiera explícitamente definir como contenido “extracurricular”, o “fuera del horario de clases” como está expresado en ley 1420, y sin comprometer fondos del Estado a tal fin.
Mercantilización de la educación. Sostenemos que corresponde plasmar expresamente en la ley la garantía del financiamiento de la educación pública estatal por parte del Estado. Por ello, la legislación debe garantizar el financiamiento público estatal, evitando en su articulado ambigüedades o resquicios que posibiliten formas de mercantilización de la educación. En este sentido debe revisarse la posibilidad de aportes comunitarios para el sostenimiento de la educación, eliminando en el inciso j) del artículo 3, la integración de aportes comunitarios y sectoriales. También, el art. 105, que retoma textualmente lo sancionado en la Ley 8113, debería ser modificado, dejando a los organismos de apoyo (asociaciones cooperadoras, clubes de madres, etc.) funciones específicas, pero no la captación de recursos.
También proponemos que se revise el apartado referido a Educación Técnica del anteproyecto de ley de tal forma que no queden ambigüedades ni resquicios que lleven a la interpretación de formas de mercantilización cuando se considera la relación educación-trabajo y en lo relativo a la implementación de pasantías como forma de aprendizaje.
En este sentido, debe asegurarse que la experiencia laboral educativa fuera de la institución escolar, valiosa para la formación de los estudiantes, no se desvirtúe con prácticas orientadas por intereses económicos sectoriales.
Derecho de los alumnos a organizarse bajo distintas formas y garantía a ese derecho. Si bien se contempla el derecho de los estudiantes a toda forma de agremiación (asociaciones, centros de estudiantes, etc.), creemos que debiera incluirse en el apartado sobre las instituciones educativas la obligación de garantizar su expresión en las escuelas como espacios de construcción de ciudadanía.
Gobierno del sistema educativo. Debería revisarse la conformación y el rol del Consejo Provincial de Políticas Educativas, de carácter consultivo y asesor, definido por resolución ministerial y ratificado por el anteproyecto, de tal forma que se habilite la expresión de todos los sectores involucrados.
Los diferentes niveles del sistema educativo deberían garantizar espacios de participación democrática de todos los actores de la comunidad educativa, retomando dispositivos semejantes a los Consejos Locales y Regionales previstos en la Ley de Educación 8113.
Creemos también que la ley debe plantear con más claridad el avance hacia la definición de Consejos de Escuela donde estén representados los docentes, estudiantes, y padres, a través de sus propias instancias de agremiación.
Vínculo de las ofertas de educación superior o universitarias provinciales con universidades nacionales en el territorio provincial. En este punto sostenemos la necesidad de revisar el artículo 47 del proyecto garantizando la no superposición de ofertas entre ambas instancias. Debería agregarse a este artículo esa condición dado que se le reconoce al Estado provincial la potestad de crear centros universitarios y de estudios avanzados.
Sostenemos por último, la necesidad de profundizar el debate con análisis reflexivos e informados sobre el contenido del anteproyecto, fortaleciendo la construcción social sobre el concepto de educación pública en nuestra provincia, entendiendo que el nuevo instrumento legal debería asegurar realmente un avance en favor de la misma. De este modo, los legisladores podrán sancionar una Ley con la
mayor legitimidad social, superando las desconfianzas generadas por algunos procesos parlamentarios recientes. En esta instancia, es fundamental que el contenido final del proyecto no contradiga o diluya sus propios principios y fines generales y que puedan modificarse o incluirse algunas cuestiones sustantivas que quedaron fuera del articulado, para dar más plena expresión a una educación pública laica, gratuita e integral.